Hacienda suspende la regla de gasto tras el fracaso de su decreto en el Congreso para que los Ayuntamientos puedan usar su superávit

Ante el rechazo parlamentario al acuerdo de la FEMP, Montero anuncia un nuevo decreto con impacto de más de 3.000 millones de euros para que los ayuntamientos eviten la regla de gasto de 2012 y tengan la opción de usar el superávit de 2018 y de 2019.

El ministerio de Hacienda ha decidido dejar en suspenso la regla de gasto para que los Ayuntamientos puedan acceder sin restricciones a su superávit, tras el histórico fracaso del plan del Gobierno para el uso de los remanentes municipales, que no fue convalidado la semana pasada en el Congreso.

El Gobierno pone así fin a la regla de gasto para los ayuntamientos españoles, una herramienta de control presupuestario llamada a evitar desfases con respecto a los ingresos en el ámbito local. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado en una entrevista en La Sexta que el techo actual "se suspende para el año 2020" y además ha avisado que el Ejecutivo tiene el propósito de que la regla de gasto tampoco limite las actuaciones del próximo año: "Mi vocación es que en el año 2021 las reglas fiscales también estén suspendidas", ha explicado la ministra portavoz. De esta forma, los consistorios podrán utilizar el superávit que a día de hoy tuvieran pendiente de los años 2018 y 2019.

Montero ha justificado esta medida para los ayuntamientos a una situación de "urgente y de extrema necesidad" en el país a causa del coronavirus: "Estamos intentando que accedan en condiciones legales a esos recursos, ahora que es cuando se necesitan". A juicio de Montero, "los ayuntamientos van a tener problemas para llegar a final de año". Fuentes de su Ministerio señalan a EL MUNDO que se persigue la tramitación más pronta posible y reconocen que este nuevo decreto no hace sino tomar los aspectos que más consenso parlamentario pueden recabar en el ámbito parlamentario, quedando a un lado el controvertido uso de los remanentes que propició el rechazo del Congreso la pasada semana.

La primera reacción por parte de la oposición ha llegado por boca de José Luis Martínez-Almeida. El alcalde de Madrid ha resaltado que la suspensión de la regla de gasto es "una muy buena noticia" y "un paso adelante" del Gobierno para que la negociación con los ayuntamientos vaya "en la buena dirección", informa Pablo R. Roces: "Todo lo que sea permitir gastar el superávit e incumplir la regla del gasto va en la línea de lo que todos estábamos pidiendo", ha añadido, para subrayar también "la necesidad" de "ayudar a más de 3.000 ayuntamientos" que no tienen remanente de tesorería: "Que no tengan superávit, no quiere decir que no puedan tener fondos".

La decisión del Ejecutivo tiene lugar después de su frustrado intento de convalidar un decreto para que los ayuntamientos cedieran voluntariamente sus remanentes. Este asunto ha provocado la primera derrota parlamentaria del Gobierno en coalición desde que comenzara esta legislatura para PSOE y Unidas Podemos. En opinión de Pablo Casado, al frente del PP, "la votación" contraria al Gobierno fue "un triunfo del municipalismo y una derrota histórica del Gobierno". Teodoro García Egea, secretario general del PP, ha celebrado este lunes "que los ahorros de los vecinos se utilicen para atender sus necesidades y no al Gobierno más caro de la historia. Sólo aciertan cuando hacen caso al PP".

El Gobierno pretende "impulsar un decreto ley que permita que el 85% de las medidas que contaban con un amplísimo consenso" canalice en otra norma reformulada; en definitiva, suspender la regla de gasto mientras se decide qué ocurre con el remanente.

El Departamento liderado por Montero estima que la nueva norma tendrá en conjunto un impacto de más de 3.000 millones de euros, gracias a entregas a cuenta (de 2020) y liquidaciones (de 2018) por valor de casi 1.500 millones, a lo que se suma la mencionada suspensión de la regla de gasto (ya recogida en el decreto tumbado la semana pasada) y la presentación de "mejores condiciones financieras a los ayuntamientos con problemas", según plasma un comunicado del Ejecutivo.

Con esta nueva medida, los consistorios podrían prorrogar para 2020 el uso del superávit de 2019 para financiar inversiones sostenibles (con un impacto de 987 millones de euros), y se permitiría concluir en 2021 los proyectos iniciados en 2019 y financiados con superávit de 2018 (con un impacto de 621 millones). Además, los municipios que prevean equilibrio presupuestario en el presente año, podrían servirse del superávit de 2019 para financiar su gasto.

ACUERDO EN LA FEMP Y REBELIÓN

El decreto ley frustrado recogía el acuerdo fraguado en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la cesión al Estado de los remanentes locales, medida controvertida pero finalmente fraguada por el presidente de esa federación y alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, que además emitió el voto decisivo para acabar con un empate y apuntalar el pacto.

Alcaldes de distinto signo político se rebelaron contra ese planteamiento de la cesión del remanente por parte de los ayuntamientos a la Administración Central, un monto de alrededor de 14.000 millones de euros, a cambio de la posterior devolución en el plazo de 10 años por parte del Gobierno y la habilitación de un fondo suplementario de 5.000 millones (2.000 para este año y 3.000 para 2021) a cargo de los Presupuestos. Sólo las localidades que hubiesen aportado tendrían a su disposición esos fondos, no obstante.

APOYO DE MONTORO Y EL PP

Tanto Caballero como Montero valoraban que ese mecanismo abría la posibilidad de que los ayuntamientos dispusieran de ese dinero sin contravenir la Ley de Estabilidad de 2012. Sin embargo, el artífice de esa norma, el popular Cristóbal Montoro, ha reconocido recientemente que dicha regla carece de sentido en las circunstancias actuales, alteradas por la covid-19: "No tienen sentido reglas económicas en situaciones de excepcionalidad", dijo la semana pasada en TVE. Tras el rechazo del Congreso y observado el ánimo por parte de la oposición de suspender la regla de gasto, el Gobierno lanza un nuevo decreto para que "las entidades locales tengan más recursos y un mayor margen presupuestario".

En una rueda de prensa una vez conocidos los nuevos planes del Gobierno, Caballero ha reclamado alternativas para "recuperar" los 5.000 millones de euros a fondo perdido comprometidos por el Gobierno como contrapartida al uso de los remanentes locales para su posterior devolución, y ha valorado que Hacienda "tome la iniciativa para reconstruir una parte que aquella votación demolió".

Fuente: El Mundo



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