El Gobierno cosecha una derrota histórica en el Congreso al perder el decreto sobre el superávit de los ayuntamientos

Montero no logra ni el respaldo de los socios parlamentarios del Ejecutivo y asegura que no presentará un nuevo texto

El Gobierno ha perdido esta mañana la votación sobre la convalidación del real decreto para que los ayuntamientos puedan usar el superávit acumulado. La fórmula arbitrada por el Ministerio de Hacienda para sortear el impedimento legal (plasmado en la propia Constitución y en la Ley de Estabilidad Presupuestaria ) de que los municipios gasten ese dinero sin incurrir en un déficit posterior en sus cuentas, fue que cediesen los remanentes de manera voluntaria al Ejecutivo, y que éste se los devolvería después en dos fases. Ahora, entre este año y el siguiente, un 35% de los primeros 5.000 millones, y el resto, hasta 15.000, en los próximos 10 años, un periodo en el que recibirían el 100% de lo aportado, que se añadiría a la inyección inicial.

Esta propuesta ya supuso una quiebra en el habitual consenso de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) porque dejaba fuera a los ayuntamientos que no tengan ahorros o que no quieran cederlos. Y en la negociación parlamentaria para ser aprobada tampoco ha concitando ningún consenso. El real decreto se votaba hoy el Congreso y el Ejecutivo reconocía desde anoche que existía "riesgo" de que no saliera adelante.

El Gobierno no ha contado con los apoyos necesarios para articular una mayoría, ni siquiera lo han respaldado sus socios parlamentarios habituales, y ha quedado derogado el real decreto ley. Sólo ha logrado 156 votos, el resto de la Cámara se ha opuesto y no se han registrado abstenciones. Es la primera gran derrota parlamentaria del Gobierno de coalición. Aunque ha negociado in extremis para convencer a ERC, a Ciudadanos, JxCAT y PNV , estos se han mantenido en el no. Incluso la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha intervenido de manera activa en las conversaciones y se reunió ayer con el vicepresidente segundo y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. Aunque En Comú Podem, finalmente lo ha respaldado, Colau no ha ocultado sus reticencias.

De hecho, la falta de apoyo a su texto ha llevado al Ministerio de Hacienda a presentar una nueva fórmula para que esos 5.000 millones se distribuyan, en un 60%, siguiendo criterios de población, lo que permitiría financiar también a los ayuntamientos que no tengan ahorro acumulado o se nieguen a cederlo, y en un 40% sobre la base de los remanentes. Y plantean que ese porcentaje pueda ser negociado. Hacienda ha ofrecido también que se tramite después como proyecto de ley para poder llegar a un acuerdo posterior sobre este polémico punto.

La no aprobación supone una sonora derrota para el Ejecutivo, sobre todo por que no ha sido capaz de sumar apoyos, más allá de Unidas Podemos. Se trata del tercer real decreto que un Gobierno pierde en los últimos años . Al PSOE ya le sucedió con una regulación del alquiler y al PP con la estiba.

La propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la presentación del texto en la Cámara esta misma mañana reconocía que había "bastantes posibilidades" de que no saliera adelante. Montero ha pedido a los grupos que ofrezcan alternativas a su última propuesta de reparto del fondo y ha defendido que su oferta suponía "mejorar los recursos de todos los municipios, grandes y pequeños, las que tienen remanentes y los que no".

En contra del planteamiento del PP en este asunto la ministra ha señalado que "el Gobierno no necesita el dinero de los ayuntamientos" y que este real decreto se impulsó para permitir que pudieran usar su sobrante presupuestario.

El debate durante esta jornada ha provocado un duro enfrentamiento entre la ministra y el diputado del grupo popularAntonio González Terol que acusa al Gobierno de "soberbia" y de no querer negociar con ellos el real decreto, algo que Montero ha negado. Pero desde el resto de grupos parlamentarios, socios como ERC, PNV, BNG o Compromís, también están lloviendo críticas al Ejecutivo por volcarse en el diálogo sólo en las últimas horas y por plantear esta reforma desde el principio diferenciando entre los ayuntamientos que tienen ahorro y los que no, sin profundizar en las razones sobre la situación financiera de cada municipio.

A pesar de los reproches de falta de voluntad negociadora del Ejecutivo, la ministra ha advertido que los consistorios sufrirán "un grave contratiempo" en sus finanzas y que no habrá una "segunda oportunidad". Y en esta postura se ha mantenido en una rueda de prensa posterior en la que ha reiterado que el Ejecutivo no impulsará otro texto y que deberán ser los grupos que se oponen a su propuesta quienes impulsen otra.

Nada más terminar la votación, el líder del PP, Pablo Casado, la ha valorado como "una victoria del municipalismo y una derrota histórica del Gobierno", informa Juanma Lamet. "Nunca un Gobierno había sufrido la derogación de dos decretos en el Congreso", ha subrayado. A su juicio, eso demuestra "la debilidad y la arrogancia a la hora de llegar a acuerdos con otras instituciones. "Frente a esa debilidad", ha contrapuesto, "el PP ha hecho una buena gestión en sus ayuntamientos". Por último, Casado ha demandado que, "después de esa grave derrota", el Consejo de Ministros "tome las medidas oportunas para que los ayuntamientos puedan usar esos ahorros".

El portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha exigido también al Gobierno que "rectifique" y que presente un nuevo proyecto que "garantice a los municipios los recursos suficientes para abordar esta crisis", informa Luis Ángel Sanz. En opinión de Cs, el Ejecutivo "ha sido incapaz de sumar apoyos para su decreto unilateral", lo que ocurre cuando "no se busca el acuerdo con quienes piensan distinto". Esta misma reclamación han hecho otros grupos parlamentarios, como ERC, JxCat y PNV. Y hasta En Común Podem, a pesar de haber dado su apoyo.

Su diputado Gerardo Pisarello ha urgido al Ministerio de Hacienda a aprobar un nuevo decreto sobre la base del acuerdo al que dicha formación llegó anoche con él, pues sólo "ha llegado tarde" para negociarlo con otros grupos y el Gobierno "no puede permitirse decir que no hay una segunda oportunidad".

Fuente: El Mundo



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